QUITO, 29 ene (NNN-TELESUR) -- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) publicó el 27 de enero la Resolución SENAE-SENAE-2026-0006-RE, mediante la cual se establece una tasa de seguridad del 30 % para mercancías provenientes u originarias de Colombia que ingresen al país bajo distintos regímenes aduaneros.
La norma, firmada el 24 de enero de 2026, señala que el cobro busca fortalecer el control aduanero y la seguridad nacional, disponiendo que las importaciones se sometan a aforo físico, documental o no intrusivo. La resolución contempla excepciones para regímenes especiales como tránsito y reembarque, así como para importaciones petroleras y de generación energética.
Paralelamente, Ecuador incrementó en un 900 % la tarifa del transporte de petróleo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), elevando el costo de 3 dólares por barril a más de 30 dólares por barril para usuarios extranjeros. Esta medida afecta principalmente a pequeños y medianos productores del departamento colombiano del Putumayo, en el sureste del país, y representa una escalada significativa en la guerra comercial entre ambas naciones andinas.
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, calificó ambas decisiones como «nuevas agresiones» en medio de la creciente tensión comercial y diplomática. En la cuenta de X del ministerio señalaron: «Con el respaldo del presidente Gustavo Petro, el ministro Edwin Palma denuncia esta agresión económica impulsada por Daniel Noboa contra el pueblo colombiano, que rompe de manera unilateral acuerdos binacionales que venían operando con normalidad y respeto mutuo.»
El funcionario añadió que «propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones, basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir. Confiamos en que la diplomacia y el diálogo franco sirvan para retornar a la normalidad en beneficio de nuestros pueblos”.
«Esta decisión del Gobierno ecuatoriano es una nueva agresión al pueblo. Ahora elevan unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos violando, nuevamente, compromisos previamente adquiridos, como el acuerdo del 13 de febrero de 2011. Afectando principalmente a pequeños productores de crudo», añadió.
La crisis bilateral se enmarca en acusaciones mutuas sobre falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, lo que derivó en la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, anunciada el 21 de enero, de imponer el arancel del 30 % a productos colombianos. Bogotá respondió calificando la medida como injustificada y anunció medidas recíprocas, entre ellas la suspensión de exportaciones de energía eléctrica a Ecuador.
El Ministerio de Minas y Energía colombiano justificó esta acción como «preventiva para resguardar la soberanía y el abastecimiento nacional», en atención a alertas técnicas sobre la presión en el sistema eléctrico ante la posibilidad de un nuevo Fenómeno de El Niño.
En respuesta a la suspensión eléctrica, la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció ajustes en la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), invocando el principio de reciprocidad. Palma cuestionó la postura del sector privado colombiano: «Mientras el Consejo Gremial demanda la emergencia económica, calla frente a esta agresión contra nuestro país que afecta a empresas, trabajadores y nuestra economía».
Pese a las tensiones, el gobierno colombiano ha reiterado su disposición al diálogo multilateral. Petro expresó en redes sociales: «Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos».
El mandatario subrayó que los puertos marítimos de ambos países «no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo», denunciando la operación de bandas criminales en territorios fronterizos que utilizan rutas marítimas y terrestres para transportar drogas en ambas direcciones.
Las acciones recíprocas entre Quito y Bogotá generan preocupación sobre el impacto en principios fundamentales de la integración regional andina, incluyendo el libre tránsito y la cooperación bilateral. El conflicto comercial Ecuador-Colombia 2026 refleja como disputas en seguridad fronteriza pueden derivar en medidas económicas que afectan directamente a productores y consumidores de ambos lados de la frontera, poniendo a prueba décadas de acuerdos comerciales y energéticos en la región.
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