QUITO, 11 feb (NNN-PRENSA LATINA) -- Comunidades amazónicas de Ecuador realizaron el martes un plantón en la provincia de Sucumbíos, en el oriente del país, para exigir el embargo del pago de 220 millones de dólares a la petrolera Chevron, empresa a la que exigen reparar estragos ambientales.
La movilización se desarrolló en la localidad de Lago Agrio, en los exteriores del Consejo de la Judicatura, con la participación de comunidades integrantes de la Unión de Afectados por Texaco-Chevron (Udapt).
Los manifestantes rechazaron el arbitraje internacional que, según denunciaron, busca favorecer a la transnacional mediante un mecanismo que calificaron de abusivo e inconstitucional.
Los participantes recordaron que la petrolera fue responsable del crimen ambiental más grave contra la Amazonía ecuatoriana y fue sentenciada a reparar los daños ocasionados.
Sin embargo, denunciaron que la empresa permanece en la impunidad pese a los fallos judiciales emitidos en el país sudamericano a favor de las comunidades afectadas.
El abogado Pablo Fajardo, representante de los afectados por Texaco-Chevron en la Amazonía ecuatoriana, reiteró el carácter histórico de la lucha.
“Hemos luchado 32 años y lo vamos a seguir haciendo hasta que se repare la Amazonía”, afirmó.
El conflicto se remonta a las operaciones de Texaco -empresa luego absorbida por Chevron- entre 1964 y 1992 en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana.
Según datos de la Udapt, la petrolera vertió miles de millones de galones de desechos tóxicos en ríos y suelos y dejó cientos de fosas de crudo sin remediación, afectando la salud y la economía de miles de habitantes.
En 2011, un tribunal en Lago Agrio condenó a Chevron a pagar nueve mil 500 millones de dólares en reparación ambiental.
La compañía rechazó la decisión, denunció fraude en el proceso y acudió al arbitraje internacional.
En 2018, un tribunal de La Haya falló a favor de la compañía y responsabilizó al Estado ecuatoriano por “denegación de justicia”, ordenándole pagar una indemnización que finalmente fue fijada en 220 millones de dólares.
La Udapt ya presentó una acción de embargo del crédito ante la Corte de la provincia de Sucumbíos, en su calidad de juez de ejecución de la sentencia ambiental de 2011, para que ordene la retención de los 220 millones y que sean redirigidos a la reparación de los daños causados por la petrolera.
-- NNN-PRENSA LATINA
